Con la expedición de la Ley 2418 de 2024 se beneficiarían algunas personas en la inscripción a los concursos de carrera administrativa.
La promulgación de la Ley 2418 del 9 de agosto de 2024, también conocida como la “ley de reserva de plazas para personas con discapacidad”, marca un hito en la búsqueda de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral público en Colombia. Esta normativa no solo modifica el régimen de acceso y ascenso en el sistema general de carrera administrativa, sino que también establece medidas concretas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo en condiciones de igualdad.
Implementación de la reserva de plazas y gratuidad en la inscripción
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la creación de una reserva de plazas dentro de las instituciones del Estado para personas con discapacidad. Esto significa que, en los procesos de selección para acceder o ascender en la carrera administrativa, se destinará un porcentaje específico de puestos exclusivamente para este grupo poblacional. Además, se ha establecido la gratuidad en la inscripción para las personas con discapacidad, eliminando barreras económicas que puedan dificultar su participación en dichos procesos.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) tiene un papel fundamental en la aplicación de esta ley. Según el artículo 6, la CNSC dispone de un plazo máximo de seis meses, desde la entrada en vigencia de la ley (9 de agosto de 2024), hasta el 8 de febrero de 2025, para determinar el procedimiento mediante el cual las entidades y organismos reportarán la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). Este paso es esencial para viabilizar la reserva de plazas y asegurar que las oportunidades laborales lleguen efectivamente a quienes están destinadas.
Retos en la reglamentación y participación del Gobierno
Antes de que el procedimiento de reporte de la OPEC pueda ser implementado, es imprescindible que el Gobierno Nacional reglamente la ley. Esto implica adoptar e implementar los medios, herramientas y condiciones necesarias para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de selección que adelanta la CNSC. En este sentido, se ha solicitado al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que adelanten las gestiones pertinentes.
Mientras se lleva a cabo la reglamentación y se establece el procedimiento correspondiente, la CNSC continuará con la planificación y ejecución de los procesos de selección conforme a la normatividad vigente anterior a la expedición de la Ley 2418 de 2024. Esto asegura que no haya interrupciones en los procesos administrativos, pero también resalta la urgencia de que el Gobierno agilice la reglamentación para que las nuevas disposiciones puedan entrar en práctica cuanto antes.
Compromiso con la igualdad y la inclusión
La Ley 2418 de 2024 representa un compromiso firme del Estado colombiano con la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral. Al establecer medidas concretas como la reserva de plazas y la gratuidad en la inscripción, se da un paso significativo hacia la eliminación de barreras que históricamente han impedido que las personas con discapacidad accedan a puestos en la función pública.
Inducción a los procesos de méritos CNSC
Es fundamental que todos los actores involucrados, desde las instituciones estatales hasta los organismos encargados de la reglamentación y ejecución de la ley, trabajen de manera coordinada y eficiente. Solo así se podrá garantizar que los beneficios de esta normativa lleguen a quienes más lo necesitan y que se cumpla el objetivo de construir una sociedad más justa e inclusiva.
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La implementación efectiva de la Ley 2418 de 2024 es una tarea que requiere compromiso y acción inmediata por parte del Gobierno Nacional y las instituciones involucradas. La reserva de plazas y la eliminación de barreras económicas son avances significativos, pero su impacto dependerá de una reglamentación adecuada y oportuna.
En este periodo de transición, es esencial mantener informada a la ciudadanía, especialmente a las personas con discapacidad, sobre los avances y procedimientos que se vayan estableciendo. De esta manera, se promueve la participación activa y se fortalece la confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales.
La ruta hacia una verdadera inclusión laboral es un camino que se construye día a día, y la Ley 2418 de 2024 es una herramienta poderosa para avanzar en esa dirección. Es responsabilidad de todos asegurar que sus disposiciones se materialicen y que el principio de igualdad se refleje en oportunidades reales y tangibles para las personas con discapacidad en Colombia.
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